La Constitución Política Italiana establece que la libertad (como derecho de no ser privado ni limitado) es un derecho inviolable (art. 13). En este supuesto solo se admite la detención de una persona, la inspección o la perquisición: por actos motivados por el juez o en los casos previstos por la ley.
El artículo contiene dos requisitos indispensables para que la detención de una persona (de cualquier nacionalidad en el territorio italiano) sea legal y legítima.
La primera es que sea motivado por el juez, es decir, la detención debe ser argumentada y contenida en un acto emitido por la autoridad Judicial (el único competente), en este supuesto, serán los oficiales y los agentes de policía judicial, los encargados de ejecutar la orden judicial.
En los otros casos previstos por ley, como la flagrancia en la comisión de un delito, consiste en una situación de hecho donde es evidente la realización del delito non colposo (doloso), consumato o tentato, Salvo excepciones detalladas por ley (cumplimiento de un deber, ejercicio de una facultad legítima, presencia de causas de inimputabilidad) (art.385c.p.p).
Para tal efecto, los sujetos competentes (los oficiales) deberán distinguir de acuerdo al hecho si se trata de un probable delito grave o no. Es decir, la autoridad oficial y los agentes, evaluarán si detener o no una persona, considerando la gravedad de los hechos y la pena. La autoridad no podrá aplicar esta medida de restricción de libertad cuando el hecho no constituye un delito no grave, contenga una pena leve o sea condicionado a la voluntad de la persona agraviada (querellas).
El Código Procesal Penal Italiano disciplina en el artículo 386 los deberes que la policía judicial debe cumplir frente a un detenido: el derecho a la información, significa, conocer los motivos de la detención. El derecho de nominar un abogado o de solicitar el patrocinio gratuito a cargo del Estado, el derecho a un intérprete, el derecho a no responder y el derecho de acceder a los actos por lo que se fundamenta la detención. Asimismo, el derecho de informar a la autoridad consular o familiares sobre su situación, el derecho a la asistencia médica, el derecho de presentarse delante del juez para el interrogatorio o presentar recurso de casación contra la ordenanza que decide la detención, el derecho de convalidar. (art. 386 c.p.p).
La medida de detención de la persona deberá ser convalidada con la solicitud del Ministerio Público (Pubblico Ministero) dentro de 48 horas, de lo contrario, el Ministerio Público dispone mediante decreto la inmediata liberación.(389, 390 c.p.p)
Limitar la libertad de una persona sin justificación y sin haber respetado los parámetros previstos en la Constitución y la ley, constituyen un acto ilegal, inconstitucional, abusivo e contrario a las normas de carácter constitucional, nacional y supranacional. Debido a que vulnera garantías fundamentales de la persona, derechos que han sido objeto de conquistas, los cuales constituyen un ejemplo y modelo de una sociedad democrática.
GIOVANNA VEXAIDA OROZCO VELA, ABOGADA. Practicante Estudio Legal Abogado Giuseppe Caruana
Fuentes: Costituzione italiana y Codice di procedura penale
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